Luis Alfonso, titular de un importante patrimonio inmobiliario y consultor en una firma de inversiones inmobiliarias, percibe como retribución a sus servicios de consultoría una cantidad anual de 1.230.000 € que le son abonados a través de diversas empresas, entre ellas Asesores Real Estate con sede en Andorra, de la que es administrador único, que no tiene personal contratado y que tiene por objeto social la compraventa y asesoramiento en materia de arrendamientos de bienes inmuebles.

Tras una inspección fiscal, la AEAT levanta un acta en la que se hace constar la utilización fraudulenta de la persona jurídica, siguiendo jurisprudencia asentada por el Tribunal Económico Administrativo Central, al considerar que, efectivamente, Luis Alfonso es en realidad trabajador de la firma de inversiones, residente fiscal en España y que sus retribuciones deben tributar por IRPF.

Esta decisión es comunicada a Luis Alfonso. La AEAT llega a la conclusión de que las cantidades eludidas en el pago del IRPF ascienden a 123.000 € para el ejercicio 2012 y 140.000 € para el ejercicio 2013.

La AEAT procede a enviar las actuaciones al Juzgado de Instrucción. En esos momentos Luis Alfonso solicita al juez, a través de su abogado, la aplicación de la exención por regularización fiscal y el archivo del procedimiento. Determina, en su caso, la responsabilidad penal de Luis Alfonso.

Luis Alfonso es un titular, consultor y administrador único de una empresa con sede en Andorra, que no tiene personal contrato y que tiene por objeto social la compraventa y asesoramiento en materia de arrendamiento de bienes inmuebles.  Tras una inspección fiscal, la AEAT levanta un acta en la que se hace constar la utilización fraudulenta de la persona jurídica, siguiendo jurisprudencia asentada por el Tribunal Económico Administrativo Central, al considerar que, efectivamente, Luis Alfonso es en realidad trabajador de la firma de inversiones, residente fiscal en España y que sus retribuciones deben tributar por IRPF. La AEAT llega a la conclusión de que las cantidades eludidas en el pago del IRPF ascienden a 123.000 € para el ejercicio 2012 y 140.000 € para el ejercicio 2013. Tras el abogado de Luis Alfonso se propone al juez la aplicación de la exención por regulación fiscal y el archivo del procedimiento.

En éste caso el Código Penal (CP) se aplica el art. 305.1 “El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4 del presente artículo”.

Según art. 305 CP, Luis Alfonso podrá ser condenado a un delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, por evitar en la liquidación del IRPF una cantidad que no corresponde en el art. 305.4 CP. “Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”.

También, el IRPF en Andorra se mantiene mucho más bajo que la mayoría de países europeos. El IRPF en Andorra no existe hasta salarios superiores a los 24.000€ y a partir de esa cifra sube respecto a la renta de cada trabajador hasta llegar al 10% en salarios de más de 40.000€. Este 10% es la tasa más elevada de IRPF en Andorra, cuando esta misma tasa máxima en España se encuentra en el 53%.

La presión fiscal es mucho más baja en Andorra si comparamos estas tasas de impuestos con país como España. Poseer una residencia fiscal en Andorra, crear una empresa en Andorra, o trabajar en este país tiene unas increíbles ventajas a nivel de impuestos. Pero Luis Alfonso tiene un domicilio fiscal en España y debe seguir pagando su impuesto en España.

La responsabilidad penal de Luis Alfonso se refiere en el artículo 305.4 CP a la que denomina delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.

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Legislación

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444

https://www.andorra-solutions.com/es/todo-sobre-impuestos-andorra/

https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_penal

https://www.cisscompliancefiscal.com/documento.php?id=DT0000298933_20190910.html

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